Por el P. Fernando Pascual, L.C.
Tomado de Análisis y Actualidad

Uno de los grandes retos de las democracias basadas en la existencia de varios partidos políticos radica en la tensión entre representatividad y gobernabilidad.

La democracia, en teoría, existe para acoger los intereses y deseos de la gente, que pueden (hipotéticamente) quedar representados a través de los distintos partidos políticos.

En algunos países, sin embargo, se da una fuerte fragmentación política entre los partidos políticos según ideas y proyectos a veces similares, a veces muy diferentes entre sí, y los ciudadanos mantienen viva tal fragmentación al votar de modo disperso entre los distintos partidos.

Las leyes electorales, frente a estas situaciones, pueden orientarse de dos maneras diferentes: o permiten que sean favorecidas en la obtención de escaños en el parlamento las listas de los partidos más votados, con un sistema de tipo mayoritario; o buscan que casi todas las listas votadas por un número suficiente de electores puedan conseguir sus representantes, con un sistema de tipo proporcional. Entre estas dos maneras existen fórmulas intermedias, unas más cercanas al sistema mayoritario y otras al sistema proporcional.

Los sistemas mayoritarios favorecen la gobernabilidad en detrimento de la representatividad: el parlamento no refleja los deseos políticos de las personas, muchas de las cuales suelen escoger el “voto útil” (votar a un partido no deseado pero que al menos realizaría algunas ideas afines a las propias). Las que deciden votar por un partido minoritario quedarán, en muchos casos, fuera del parlamento, es decir, no conseguirán verse representadas en sus intereses (esperamos que legítimos y buenos).

Los sistemas proporcionales favorecen la representatividad, con el riesgo, que se da con cierta frecuencia, de dañar la gobernabilidad. En lugares donde la gente vota de modo disperso a varios partidos, el resultado es un parlamento fragmentado y un gobierno, si se consigue una coalición pre o postelectoral, con alto riesgo de inestabilidad.

No es fácil encontrar caminos para superar la aparente dicotomía entre representatividad y gobernabilidad. Como los poderes establecidos en muchos países piensan (o imponen según sus intereses) que no existirían alternativas a los partidos políticos (los cuales crean sistemas “partidocráticos”), surge el conflicto entre los dos modelos anteriores, y cada modelo tiene sus ventajas y sus desventajas.

Si se favorece la gobernabilidad, es decir, si son “premiados” en el parlamento los partidos con más votos, será posible dejar fuera de los intereses públicos a un número más o menos importante de la población, que no logrará hacer oír su voz en los foros parlamentarios.

Si se favorece la representatividad, ocurre en no pocos lugares que algunos partidos pequeños pueden condicionar toda la vida del estado, incluso a través de la imposición de intereses particulares en detrimento del bien común.

Algo se podría solucionar con políticos de elevada estatura ética, con sanos principios jurídicos, y comprometidos por entero al servicio del bien común. Con políticos de esa categoría, sería posible dejar de lado los intereses particulares del propio partido para buscar, a través de acuerdos puntuales o de alianzas más o menos serias, un programa que sirva para el desarrollo equilibrado de los grupos y de las personas que viven en el mismo estado.

Pero si esos políticos no existen o son minoritarios, presenciaremos, como ya ha ocurrido en el pasado, situaciones en las que la lucha por el poder se convierte en un fin para satisfacer los deseos del propio partido en detrimento del bien común.

El problema merece ser estudiado seriamente por todas las fuerzas culturales y políticas que aspiran a construir sistemas democráticos sanos, capaces de promover la justicia y el bienestar de todos, sin discriminaciones y sin favoritismos. Parece un reto difícil de alcanzar, pero al menos tener presente el problema será el primer paso para encontrar y aplicar soluciones eficaces y justas, orientadas a mejorar seriamente la gestión de la “res publica”.

[Comentarios al autor: fpa@arcol.org]